Hay 25% de los ecosistemas peligrando y 125.000 hectáreas protegidas ya perdidas

En el marco de la XVI Conferencia de la COP16, el país presentó una estrategia diseñada para alcanzar las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal al 2030.

Esta iniciativa proyecta impulsar una economía basada en la biodiversidad, así como una restauración y conservación efectiva de áreas terrestres y marinas en los próximos cinco años, que frenen la pérdida de ecosistemas y garanticen el uso sostenible de los recursos naturales.

Sin embargo, en una reciente conferencia de la COP16, el profesor Miguel Gonzalo Andrade Correa, director del Instituto de Ciencias Naturales, ICN, de la Universidad Nacional, advirtió sobre las graves amenazas que enfrenta la biodiversidad en Colombia, pese a ser el segundo país en diversidad de especies en el mundo y el primero en especies endémicas.

“El problema radica en causas complejas y de vieja data como el conflicto armado, la expansión de rutas ilegales y el narcotráfico”, afirmó el académico.

En relación con las áreas protegidas, citó como ejemplo de deterioro el caso del Parque Nacional Natural Chiribiquete, que ha perdido cerca de 44.000 hectáreas a pesar de su expansión a 4,6 millones de hectáreas en 2022.

Aunque destaca que Colombia ya alcanza 36% de áreas marinas y 31% de áreas terrestres protegidas, con lo que desde ya cumple la meta para 2030 que fija 30% del territorio declarado en áreas protegidas, el experto cuestiona la efectividad de las medidas anunciadas en el Plan de Acción de Biodiversidad mientras las amenazas persistan sin control.

Aunque el académico resaltó el papel fundamental de las comunidades indígenas y étnicas en la protección de la biodiversidad, puso en el centro del debate la nueva decisión del Gobierno con el decreto del Ministerio de Ambiente, autoridad ambiental que los designa en sus territorios, un cambio normativo sin precedentes.

“Este anuncio es algo novedoso, es la primera vez que ocurre en el país, pero ahora falta ver cómo se va a manejar, porque ellos están en medio del conflicto armado, una de las principales amenazas para los ecosistemas y las áreas protegidas. La falta de articulación con las Corporaciones Autónomas Regionales limitaría la efectividad de esta medida”, manifestó el profesor Andrade.

Dijo que hasta ahora la consulta previa era considerada como un permiso, pero en adelante, con esta designación, serán ellos como autoridad ambiental quienes sigan velando por sus territorios, un cambio que espera fortalecer la protección de la biodiversidad si se logra asegurar los recursos y la logística necesarios.

En tal sentido, instó al Gobierno a agilizar los trámites de acceso a recursos genéticos, un aspecto debatido en la COP16, pues la demora en los permisos impacta la investigación y la conservación, y puede terminar vulnerando los derechos de los indígenas y afros por el uso de los recursos genéticos y biológicos.

“Para cumplir con lo plasmado en el Plan de Acción de Biodiversidad del Gobierno se deben establecer estrategias que nos permitan conservar las especies que se están perdiendo o tomar acciones urgentes frente a las invasoras como el caso del hipopótamo, todo esto necesita recursos financieros y ese es el principal factor de las negociaciones en la COP16”, concluyó el director del ICN de la Unal.