Fedegán advierte sobre la expropiación de tierras del gobierno Petro en el Catatumbo

En las últimas horas, en medio de la crisis de orden público que enfrenta el Catatumbo, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) manifestó su preocupación por la decisión que tomó el Gobierno de implementar un mecanismo de expropiación exprés de tierras en la región, amparado en la Ley de Conmoción Interior que impuso el presidente Gustavo Petro.

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Desde Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo del gremio, alertó sobre el uso del Decreto 1080, el cual toma disposiciones de la Ley 1523 de 2012,dirigida a la gestión del riesgo de desastres naturales para aplicarlas en un contexto de crisis por violencia o ilegalidad.

Es por esto que Lafaurie cuestionó fuertemente que el Gobierno haya recurrido a una norma diseñada para desastres naturales. Es por esto que afirmó que “es increíble que en la exposición de motivos el Gobierno mismo confiesa que acude a la Ley 1523 porque ‘la aplicación del procedimiento de expropiación agraria regulado en la Ley 160 de 1994 genera demoras’ ¿Y por qué es demorado? Porque garantiza la intervención de un juez en el derecho del afectado a defender la propiedad de su predio”.

El líder gremial insistió en que el principal problema del Catatumbo no es la falta de tierra, sino la violencia, que hoy mantiene a 40.000 personas desplazadas de sus hogares, preocupados por su seguridad y no por las tierras que ya tienen. “Al margen del derecho del campesino, el reinsertado o el indígena a su parcela, que lo comparto, no entiendo la obsesión por creer que esa es la panacea, la solución para todo”, expresó.

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Desde la entidad, se subraya que se es consciente de la situación por la que está pasando el Catatumbo. Sin embargo, no se pueden tomar en cuenta las medidas extraordinarias de la Ley de Gestión del riesgo de “desastres naturales”, en una ley que se dio en el marco de la declaración de Conmoción Interior por la situación de orden público.Ya que esta región no sufre de ningún desastre natural, sino de un desastre de ilegalidad, en el que grupos armados luchan por el control territorial del narcotráfico, perpetuar los cultivos de coca y otras rentas ilícitas.

Sin embargo, dice él, si el caso llegase a ser que pase el examen constitucional, no se podría utilizar como pretexto para extender la medida a otras regiones del país y trasplantar desde la legislación para la gestión del riesgo de desastre.

Por ello para Fedegán el orden de las prioridades que debe tener el Gobierno es claro. En primer lugar debe restituir la seguridad en la región, protegiendo principalmente la vida de los desplazados y evitando que sus tierras sean ocupadas por grupos al margen de la ley.

Segundo, preservar las tierras abandonadas por los campesinos desplazados, evitando la apropiación ilegal. Finalmente, “si dentro de los planes de recuperación se necesitan tierras, pero no desnudas, sino con proyectos productivos y asistencia técnica, con vías decentes, escuelas, centros de salud, crédito, y ese largo etcétera que siempre falta en los procesos de reforma agrarias, pues ahí están las de la coca, no las de los campesinos obligados a sembrarla, que lo que necesitan son programas de sustitución con mercados, sino las de cultivos industriales ilícitos, que los hay, que ni siquiera son objeto de expropiación, sino de extinción de dominio por ministerio de la ley, en razón a su utilización en actividades ilícitas”, explicó Lafaurie.

El dirigente gremial concluyó que “Fedegán, por su parte, en cumplimiento del convenio con el Gobierno Nacional, revisará y fomentará en la región la oferta de tierras para compra directa con destino a reforma agraria”.