Agricultura

Por denuncias, la Ministra de Agricultura declaró insubsistente a directora de Aunap

Tras denuncias sobre los botes fantasma de $15.000 millones, la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, declaró insubsistente a Karen Mejía Piñerez
Juliana Ramos Mosquera
03 de abril de 2025
Karen Mejía Piñerez
Aunap

En las últimas horas, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, declaró insubsistente a Karen Elena Mejía Piñeres, quien se desempeñaba como directora general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap). Esta decisión se produce bajo el contexto de las denuncias relacionadas con la adquisición irregular de 283 embarcaciones destinadas a pescadores artesanales, conocidas como los “botes fantasma”.

Es importante recordar que la controversia se originó en diciembre de 2024, cuando se reveló que la Aunap adjudicó directamente un contrato por casi $15.000 millones a la entidad Red Summa para la entrega de kits de pesca a diferentes asociaciones del país. A pesar de haberse desembolsado un anticipo del 50% del valor total, es decir, más de $7.000 millones, las embarcaciones no fueron entregadas en el plazo que se tenía previamente establecido de cuatro meses.

Karen Mejía Piñeres es profesional en acuicultura con especializaciones en gobierno y gestión pública territoriales, gerencia de proyectos y una maestría en desarrollo y gestión de empresas sociales. Ella había ocupado diversos cargos dentro de la Aunap, en los que se incluye el de directora técnica de Inspección y Vigilancia, y directora general encargada durante tres meses antes de llegar a asumir oficialmente la dirección general en febrero de 2024.

Asimismo, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia solicitó en enero de 2025 a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría investigar a Mejía Piñeres y a los representantes de Red Summa por las irregularidades en el contrato con las embarcaciones. Frente a este tema, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, señaló en su momento la falta de una inadecuada planeación en el convenio y cuestionó la entrega de estos recursos sin una claridad previa a los beneficiarios y sus necesidades.

Adicionalmente, se conoció que 95% de la contratación de la Aunap se había adjudicado de forma directa, sin procesos de licitación pública de por medio, lo cual incrementó las preocupaciones sobre la transparencia en la gestión que estaba llevando la entidad.

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