
En el proceso de identificación de Áreas de Protección y Producción Agropecuaria (Appa), en Sopó, Cundinamarca, se generó un intenso debate entre la comunidad, las autoridades municipales y los sectores agropecuarios. Mientras unos actores ven esta iniciativa como una herramienta para poder preservar el suelo agrícola y garantizar la seguridad alimentaria, muchos más temen que esto se convierta en una barrera para el desarrollo y una imposición de parte del Gobierno sin suficiente participación local.
Es importante recordar que las Appa son áreas destinadas a la protección y producción agropecuaria, que según se afirma desde el Gobierno, son con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sector rural, evitar la expansión urbana descontrolada y preservar la capacidad productiva del suelo. En el caso puntual de Sopó, la Resolución fue expedida el 14 de marzo en cabeza del Ministerio de Agricultura, en alianza con la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (Upra), en articulación con entidades locales y nacionales.
Desde ese punto de vista teórico, la iniciativa buscaría fortalecer el papel de los pequeños productores, además de promover prácticas agroecológicas y establecer mecanismos de comercialización mucho más efectivos para los agricultores de la región. Asimismo, el modelo Appa busca integrar criterios ambientales en el ordenamiento territorial, para proteger ecosistemas estratégicos para el abastecimiento hídrico y la biodiversidad.
Juan Pablo Rodríguez, líder arrocero del Tolima, frente al modelo de las Appa, expuso que "a nosotros no nos afectan estas medidas, debido a que ayuda a delimitar las áreas de cultivo de arroz, las cuales son utilizadas indiscriminadamente".
A pesar de sus presuntos beneficios, de acuerdo con el Gobierno, la implementación de las Appa en Sopó encontró una serie de obstáculos y resistencias en diferentes sectores. Durante los espacios de socialización del proyecto surgieron diversas preocupaciones y puntos de conflicto. En primer lugar, desde varios puntos y sectores agropecuarios se expresó inconformidad ante la baja participación del sector en las mesas de socialización. Según ellos, la presencia de funcionarios municipales y otros actores dejó sus voces en desventaja dentro del proceso de deliberación.
De igual manera, algunos habitantes manifestaron que la figura de Appa podría estar siendo utilizada con fines políticos, más que como una verdadera estrategia de desarrollo rural. Temen que ciertos grupos con influencia en la administración local usen el discurso de la protección agrícola para frenar proyectos de infraestructura o expansión urbana sin considerar otras alternativas.
Por otro lado, representantes del sector ganadero mostraron preocupación por la posible limitación de sus actividades debido a restricciones en el uso del suelo impuestas por la medida de las Appa. En algunas discusiones, se señaló que la regulación podría afectar la rentabilidad del sector ganadero y reducir las oportunidades de crecimiento del sector.
José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, afirmó que "es claro que el objetivo de las Appas no es el ordenamiento territorial, sino el de la producción agropecuaria, lo cual no solo lesiona la autonomía local y regional, sino la libertad del individuo para elegir la orientación de su actividad productiva dentro de los límites de la frontera agrícola".
Igualmente, funcionarios de la alcaldía criticaron la falta de articulación entre las entidades nacionales y locales en el proceso de implementación de las Appa.Señalan, además, que la iniciativa avanzó sin incorporar información crucial sobre el territorio, como las necesidades de infraestructura vial y otros factores relevantes para el desarrollo municipal.
No obstante, más allá de las diferencias entre los distintos actores, hay unanimidad frente a que para el éxito de las Appa sé de en Sopó dependerá de varios factores, uno de ellos es que para que la iniciativa tenga legitimidad, es necesario ampliar la representación de los agricultores y ganaderos en las discusiones, para asegurar que sus necesidades y preocupaciones sean tenidas en cuenta a la hora de la planificación de estas medidas.
Adicionalmente, es fundamental que las entidades municipales y nacionales trabajen de manera coordinada para poder integrar información territorial precisa y alineada a las políticas de protección agrícola con las realidades socioeconómicas del municipio. Frente a la implementación de las Appa, esta misma debe ir acompañada de estrategias efectivas para fortalecer la comercialización de los productos agrícolas locales, lo que evita que los pequeños productores queden en desventaja frente a grandes intermediarios.
Finalmente, aunque la protección del suelo agrícola es crucial, también se debe garantizar que esta figura no se utilice con el fin de frenar de manera arbitraria proyectos de infraestructura que son necesarios para el crecimiento del municipio.
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