A la Unidad de Restitución de Tierras, bajo la dirección de Ricardo Sabogal, se le encargó la labor de hacer dicho acompañamiento, solucionar el problema de la propiedad y dar apoyo en la implementación de proyectos productivos.
Lo primero que debe saber es que toda persona que se considere víctima de hechos sucedidos a partir del 1 de enero de 1.991 puede reclamar y solicitar restitución, incluso si recibió dinero por su predio y puede demostrar que vendió obligado o en condiciones inequitativas.
Sin embargo, es un esfuerzo de largo aliento, porque debe estar dispuesto a iniciar un proceso que le tomará en promedio un año pero que le exigirá compromiso con el propósito. “La ley establece unos términos muy perentorios entre que el proceso entra a la Unidad para todo lo que se denomina la ‘fase instructiva’, hasta que los jueces dictan su sentencia”, aseguró Sabogal.
En ese tiempo tiene que verificarse si hay errores en las reclamaciones o más personas solicitando devolución del mismo predio.Pero, para el proceso no hay apelación, es un fallo de única instancia.
“Lo único que tienen las personas es el recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, para estudiar casos donde el juzgador se equivocó o apareció una prueba nueva de la que no se tuvo conocimiento y que puede variar el sentido del fallo completamente”. En este punto sí hay demoras.
“No vamos a resolver en uno o dos años lo que los vestigios de la guerra dejaron en más de 60, más en temas de tierras, donde se tiene que ser muy respetuoso del derecho de propiedad y tiene que hacerlo con un debido proceso”.
Sobre todo cuando la misma Ley dice que el proceso restitutivo se debe hacer en condiciones de seguridad, lo que implica tener primero la garantía de que el orden público está controlado.
En otras zonas como Tibú, Norte de Santander, Cauca, Catatumbo o el sur del Meta ya hay reclamaciones, pero el proceso está detenido porque la gente no puede volver.
Por eso Sabogal está convencido de que en un escenario de posconflicto, sin minas ni guerrilleros, la restitución avanzaría a otra velocidad y se podría lograr incluso en 2.021.
La crisis productiva de la guerra
El conflicto armado interno y sus episodios de violencia provocaron que millones de hectáreas con vocación agrícola fueran abandonadas y posteriormente ocupadas ilegalmente por otros actores que no le dieron usos productivos a estas zonas.
Es así que, además de una crisis humanitaria, se afectó el desarrollo agropecuario del país y el interés de otros por invertir en el campo.
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