Ganadería

El revolcón de los mataderos va por 11% del mercado

La implementación de la nueva normativa sanitaria ha avanzado con la creación de líneas especiales de crédito del Banco Agrario con tasas muy favorables.
Analista LR
David "Chato" Romero
07 de marzo de 2017

Desde agosto de 2016, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) empezó el registro y cumplimiento de las nuevas medidas sanitarias en los mataderos que en el decreto 1500 se contemplaba desde 2007.

En los seis meses que lleva de implementación la normativa, la entidad ha cerrado en forma gradual 71 plantas de beneficio animal, 50 de bovinos, 18 de porcinos y 3 de aves, por no cumplir con los estándares sanitarios que exige el país.

También se ha registrado que 397 plantas de beneficio solicitaron autorización sanitaria provisional, lo que les permite seguir funcionando, mientras terminan de implementar el Decreto 1500 durante el primer año, prorrogable por un año más. Pero el director del Invima, Javier Guzmán, ha sido claro que las plantas que no cumplan serán cerradas. “De estas 397 plantas, 223 son de bovinos, 66 de porcinos y 108 de aves”, anota. Guzmán también señala que “la nueva normatividad sanitaria que el país está implementando busca que las plantas mejoren su infraestructura, sus procesos y tecnología, principalmente en cuartos fríos para que el producto salga refrigerado y acabar con la comercialización de la carne en caliente. Esto último es una práctica que pone en riesgo la salud de los consumidores”.

Sumado a esto, la implementación de la nueva normativa sanitaria ha avanzado con la creación de líneas especiales de crédito del Banco Agrario con tasas muy favorables; acompañamiento técnico del Invima durante el tiempo de implementación de la normatividad sanitaria en las plantas de beneficio y aumento de competitividad de los productos nacionales en diferentes mercados internacionales.

Pero los sectores cárnicos del país se encuentran preocupados debido a los costos que han tenido que asumir para poder llevar a cabo el cumplimiento de la norma. Carlos Maya, presidente de PorkColombia, señaló que de mantenerse los incrementos, los precios al productor y consumidor también terminarán afectándose.

Los gremios agropecuarios le han señalado al Invima que mantener un doble sistema de vigilancia no es necesario para garantizar la óptima condición sanitaria de los centros de sacrificios.

LOS CONTRASTES

  • Javier GuzmánDirector general del Invima

    “Muchos de estos establecimientos, principalmente los municipales o públicos, no tienen condiciones adecuadas y tenían un plazo para cumplir con los requisitos en agosto del año pasado”

  • Carlos MayaPresidente de PorkColombia

    “Es una medida que busca optimizar las condiciones sanitarias aunque hay que trabajar en el resto de la cadena productiva para no terminar aumentando los costos de transporte”

Y no es una discusión menor si se tiene en cuenta que en 2016, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) los sacrificios de ganado vacuno llegaron a 902.611, un nivel inferior 12,6% si se compara con 1,03 millones que fueron sacrificadas en 2015. Los porcinos, en cambio, crecieron 3,17% en el sacrificio y llegaron a 1,11 millones de cabezas ejecutadas.

Inspecciones llegan a $185 millones

Este es el cálculo que los gremios agropecuarios han estimado por la implementación de las nuevas normativas de inspección que plantea el Invima. Incluso, la inversión sería mayor si la clasificación de la planta es de categoría nacional, en donde el monto a desembolsar sería de $540 millones. Ya hubo una reunión a principios de febrero entre Invima y gremios.


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