Una hectárea de tierra apta para ser cultivada está avaluada entre $30 y $40 millones

El Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Agricultura, a cargo de Cecilia López, firmaron un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), en el cual acordaron comprar por lo menos tres millones de hectáreas fértiles aptas para la agricultura, de las 29 millones con las que cuenta el gremio.

Estas tierras serían entregadas a campesinos y a comunidades indígenas y, según lo dijo el Presidente, podrían estar costando entre $10 millones y $20 millones por hectárea, es decir, la inversión rondaría de $30 billones a $60 billones.

Sin embargo, LR realizó un sondeo de los precios por hectárea en diferentes zonas del país. Y, según estos datos, el Gobierno solo podría comprar terrenos en Meta, departamento en el que la tierra más barata está en $20 millones. De hecho, el promedio de precios por esta área está entre $40 a $50 millones, con las características propias que el Gobierno ha dicho son requisitos indispensables para llevar a cabo el negocio, es decir, con vías de acceso, buenas tierras y agua. Por lo que solo las tres millones iniciales costarían $150 billones u ocho reformas tributarias y no $60 billones como prevé el Presidente Gustavo Petro.

Teniendo en cuenta esto, las tierras que la jefa de la cartera de Agricultura podría estar negociado estarían en Meta, Casanare y Antioquía, los departamentos en los que, en promedio, puede estar costando $30 millones la más barata.

Las zonas en las que el presupuesto no alcanzaría sería en el Eje Cafetero, Buga, Santander y Casanare, lugares en los que la tierra está avaluada en $50 millones por hectárea.

Si se lleva a buen término esta meta, las tierras pasarían a alimentar el Fondo Nacional de Tierras creado en la Reforma Rural Integral, para avanzar en su asignación y, de esta manera, reconocer los derechos territoriales de comunidades campesinas, pueblos afro colombianos e indígenas.

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“Como meta, esperamos entregar de 400.000 a 500.000 hectáreas de tierra por año”

Con este objetivo de la compra de tierras ya sería el tercer componente de la Reforma Agraria listo, el primero fue la titulación, con más de 600.000 hectáreas. Y el segundo fue el arrendamiento de 125.000 hectáreas para organizaciones campesinas por parte de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), como lo explicó la ministra.

En el acuerdo, Cecilia López agradeció la buena voluntad y el compromiso de las partes con la construcción de paz territorial. Mensaje que iba dirigido a los ganaderos por “su disposición a vender su tierra total o parcialmente”, como lo dice el documento del Acuerdo para la Materialización de la Paz Territorial.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura no descarta otras fuentes para la adquisición de las tierras por compra directa con el fin de alimentar el Fondo.

También aseguraron que este proceso de compra de tierras va a estar acompañado de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) que ayudará a evaluar la capacidad productividad de la tierra ofertada.

“Se precisará la ubicación de los predios a escala municipal y veredal preferiblemente, con la información que se deberá solicitar a la Agencia Nacional de Tierras, (ANT), al Ministerio del Interior y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)”, aseguraron en el documento.

Son muchos los factores que influirán en la compra de las tierras, motivo por el cual, incluso la ministra López aseguró que es muy difícil conocer el valor total de ellas. “No es fácil, habrá una oferta individual, en principio, de miembros de Fedegan”, aseguró.