Tras el aumento desmedido del impuesto predial, sector ganadero del país se asfixia

En los últimos meses, el sector agropecuario colombiano ha enfrentado una crisis debido a los incrementos desproporcionados en el impuesto predial rural. Ganaderos, agricultores y parceleros denuncian aumentos que, en algunos casos, pueden alcanzar a multiplicarse hasta el 1.000%, lo que pone en riesgo la sostenibilidad económica de sus actividades.

Productores de departamentos como el Meta y Sucre han manifestado su preocupación por los elevados costos en el avalúo catastral de sus tierras, lo cual se ha derivado en impuestos prediales que resultan ser impagables. Por ejemplo, en municipios como Puerto López se registran aumentos de cerca de 600% en el avalúo catastral en los últimos dos años, sin que hasta la fecha se hayan ajustado estos incrementos de la forma correcta.

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Jairo Hernández Gamarra, presidente de la Federación de Ganaderos de Sincé, le dijo a Contexto Ganadero que: “aquí a todos nos subieron el impuesto, sin distinción. No fue solo a los grandes ganaderos, sino también a los pequeños, los que tienen 20 hectáreas, que es la unidad familiar. No hubo explicación, solo llegó el cobro. A algunos se les duplicó, a otros se les triplicó o más. Hay casos de predios que tenían un avalúo de $500 millones y ahora aparecen con un valor de $2.500 millones. Una locura”.

No obstante, la Ley 44 de 1990 es la responsable de establecer límites para los incrementos del impuesto predial, con el fin de evitar que se produzcan aumentos desmedidos que afecten a los contribuyentes. Sin embargo, las autoridades locales de estas regiones, al parecer, han omitido estas regulaciones; por lo tanto, se han producido cobros excesivos. Aunque desde el Ministerio de Hacienda se ha señalado que los municipios no pueden cobrar más del doble del impuesto del año anterior, realmente esta directriz no ha sido respetada en estos municipios.

Ante esta situación, asociaciones ganaderas y productores individuales optaron por tomar acciones legales para impugnar los incrementos y buscar soluciones que permitan la sostenibilidad del sector. No obstante, la falta de una explicación clara por parte de las autoridades genera incertidumbre y preocupación en el gremio ganadero, que termina en pagos desmedidos porque los plazos de cobro se vencen, antes de que se pueda hacer algo que lo contrarreste.