Efectos de la resolución de la Aunap sobre empleos en el archipiélago de San Andrés

El pasado 5 de septiembre de 2023, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, expidió la Resolución 1972, por medio de la cual se hace exigible la tarjeta de residencia permanente definitiva para ejercer la actividad pesquera y de la acuicultura.

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“Esta es una respuesta del MinAgricultura y la Aunap al clamor de los pescadores artesanales raizales y al compromiso con la comunidad raizal, la seguridad alimentaria, el mejoramiento productivo de la pesca artesanal, la generación del empleo, el alivio de la pobreza y el mejoramiento de los ingresos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, resaltó Alan Javier Zumaqué Maza, director general de la Aunap.

Sin embargo, según pescadores artesanales y comerciales, esta medida, que propende por garantizar que el desarrollo de la actividad pesquera artesanal quede en cabeza de la comunidad raizal y de los residentes permanentes, pondría en riesgo más de 330 empleos.

Según lo contó Frank Escalona, representante ante la Junta departamental de pesca en San Andrés y Providencia, “la medida afecta a toda cadena de valor de la actividad pesquera del departamento, principalmente el empleo de familias que viven de este sector como mecánicos, distribuidores de repuestos, suministro de víveres a las embarcaciones, seguros médicos, suministro de combustible y lubricantes, cocineros, tripulantes, buzos, agentes marítimos, entre otras actividades”.

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Uno de los puntos que Escalona y los diferentes pescadores artesanales y comerciales defienden es que la resolución se determinó sin tener en cuenta la oferta de mano de obra disponible en la isla para faenas de más de 25 días, y en abierta discriminación frente a otros sectores económicos.

“El asunto de fondo es que al personal de la isla no le interesa embarcarse en una faena de 20 a 25 días y muchos menos 40 a 60 días, como sucede en las embarcaciones caseras”, añadió Escalona.

Basados en cálculos de los resultados de la temporada de pesca pasada, el representante afirmó que, con esta medida, se está poniendo en riesgo cerca de 330 empleos directos e indirectos que se generan como resultado de esta actividad, así como recursos por más de $9.000 millones al año.

“Con esta medida del Gobierno Nacional, el sector no solo se enfrenta a una fuerte caída de los volúmenes de captura, sino también al descenso de los precios de compra al pescador en más de 40% de la langosta”, precisó Escalona.

Según Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, “la pesca y comercialización de langosta es la segunda actividad en importancia en el archipiélago de San Andrés y Providencia. De allí que nos preocupa la resolución expedida por la Aunap que restringe la pesca particularmente para foráneos”.

Para Molina, esta medida desconoce la realidad de la región, ya que no hay la suficiente mano de obra para realizar faenas de pesca de langosta que duran más de 40 días.

Para aquellos que se oponen a esta resolución, el limitar la contratación de personal para las embarcaciones generaría que el sector no solo se enfrente a una fuerte caída de los volúmenes de captura, sino también al descenso de los precios de compra al pescador.

“Acá la verdadera competencia, y desleal, es con la pesca ilegal extranjera. Las zonas donde las embarcaciones colombianas legales no hacen presencia son rápidamente ocupadas por embarcaciones ilegales de Nicaragua, Honduras y República Dominicana que arrasan con los recursos y los ecosistemas con sus métodos de pesca predatorios”, señaló Spencer Chow Davis, armador de la embarcación Sishell.

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Ante ese panorama, productores pesqueros exigen que se derogue la medida y que se tengan en cuenta las implicaciones sociales y económicas que genera, procurando por garantizar el bienestar de la actividad pesquera y acuícola.

“El departamento requiere de una política pesquera sostenible e inclusiva que considere los aspectos sociales, las características de los lugares de pesca, la dispersión y lejanía de los sitios de pesca, las tecnologías de captura, el asecho de las mafias de pesca ilegal, entre otras. Esta política la debemos construir entre todos los actores”, aseguró Escalona.

“Creemos que es necesario llamar a grupos de concertación en los cuales participen todos sin distinción. La zona permite todo tipo de pesca dada las diferentes profundidades que allí se encuentran, entonces deberíamos participar todos en esas mesas de trabajo, que nos permitan definir un nuevo ordenamiento pesquero en San Andrés y Providencia”, concluyó Molina.