Agro

“Para alcanzar la meta del Estado hay que formalizar 1,7 millones de tierras al año"

El director de ANT, Gerardo Vega, explicó que hasta ahora tienen una fila de 72.000 personas que están en procesos de reclamación
Analista LR
Joaquín M. López B.
20 de octubre de 2022

Con la reforma agraria que propone el Gobierno actual, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene la tarea de identificar los predios que hay para la distribución que está en el plan de 10 millones de hectáreas (7 millones de formalización, que son los terrenos donde ya hay personas pero no cuentan con títulos; y 3 millones adicionales de tierra nueva, que es la que debe ir a buscar el Estado).

LOS CONTRASTES

  • Jorge Enrique BedoyaPresidente de la SAC

    “La voluntad para la distribución de la tierra está, lo que siempre debe ser claro es cómo la propiedad privada puede recibir el precio justo, lo que realmente vale”.

Gerardo Vega, director de la entidad, explicó cómo va el proceso y cuáles serán las metas que tiene la entrega de tierras en cuanto a predios nuevos y los que se deben formalizar. De hecho detalló que hoy se enfrentan a más de 142.000 solicitudes que llegaron a la agencia por cuenta de 72.000 personas que quieren tierra.

¿Cuál es el acuerdo que hoy buscan en entrega de tierras?

Son 681.000 hectáreas, ese es el compromiso al 16 de noviembre. Hemos entregado 300.000 que están en manos de comunidades negras, indígenas y campesinas. En este mes que queda entregaremos las otras 381.000 para juntarse para los primeros 100 días de Gobierno.

Eso es en formalización de tierra. ¿Pero en entrega cómo harán si aún el Igac reportó que el catastro va en 9%?

El catastro multipropósito se justifica en la medida en que 65% de la tierra del sector rural en Colombia no está formalizada. El Estado no sabe quiénes son los propietarios, poseedores u ocupantes del sector rural colombiano.

¿Aún así la meta se mantendrá en cumplir esos números?

Entregar 3 millones es lo que hemos dicho y 7 millones de formalización, gente que ya está en tierras y que le entregaremos el título. Es una meta ambiciosa, pero conservadora. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, los ganaderos tienen más de 39%, otros 40 millones son terrenos en bosques y selvas para la biodiversidad, el resto es una parte donde habitamos todos los colombianos y hay unas tierras que son cultivables, de esas es que se requieren, que sean fértiles para cultivo de alimentos que hay que entregarle a la población que no tiene tierra hoy en Colombia.

¿Solo la ANT cuánto podría mover en tierra al año?

Tendríamos que entregar 1,7 millones en formalización al año. Y en entrega de tierra nueva serían 500.000 mínimo cada año, para hacerlo en seis años. Esa es la meta que tiene el Estado cuando firmó el acuerdo de paz en 2016. Entonces se nos acumuló porque no hubo un esfuerzo importante en el pasado para entregarle tierra a la gente. Tres millones de hectáreas es como la mitad de Antioquia, por eso digo que es una meta conservadora, el país requiere mucho más pero el compromiso de este Gobierno es dejar eso estructurado, iniciar ese camino de entregar esas tierras, dejar unas bases sólidas en formalización, en entrega de tierras y en el catastro multipropósito.

Un país que no sabe quiénes son los propietarios de 65% de la tierra en el sector rural no puede planear, no tiene cómo organizar su futuro, qué desarrollo puede implementar si no sabe qué vocación tiene esas tierras.

¿Qué otras estrategias hay para optimizar tiempos?

En los últimos 51 años los gobiernos adjudicaron 1,9 millones de hectáreas. En cuatro años pretendemos hacer eso. La diferencia es que antes había una posición férrea sobre cualquier reforma agraria.

Vamos a simplificar los procedimientos, hay muchos formatos y formularios que la gente debe llenar, se hace únicamente en zonas priorizadas, y no. Eso lo vamos a eliminar y cambiar estamos en medio de un proceso interno para hacer el procedimiento más sencillo, que le pueda servir a la gente de manera rápida. Cuatro o cinco preguntas, una aplicación, que la gente llene bases de datos. Si es para formalizar el predio, si es para acceder a tierra nueva, etc., algunas características. ¿Qué debe hacer el Estado?, cruzar datos.

La Dian sabe de la declaración de renta de todo el mundo, si tiene propiedades entonces pues ya no es objeto de adjudicación. El Igac debe levantar los planos topográficos y se puede hacer satelitalmente, con métodos indirectos.

Para saber si la persona existe o no, porque hay formularios desde 1961 retrasados, todos esos datos los puede cruzar el Estado. No hay que irnos hasta allá para saber cómo es el formulario.

Hoy hay una base sólida que hay 9 millones de víctimas. Lo mismos debe hacerse en tierras, cuatro o cinco cosas concretas por sistemas digitales que pueda ser llenado por la gente. Entonces vamos a simplificar procesos y ajustaremos procedimientos.

¿Cuántas tierras y títulos ya están disponibles para ser entregados y cuál es la meta para 31 de diciembre?

La meta que nos hemos comprometido son 681.000 de aquí al 16 de noviembre, mañana estamos en Quibdó entregando 2.000 más, hemos entregado en Huila, Caquetá, en Leticia, Putumayo, en el Cauca, vamos 289.000 casi 300.000, en el mes que nos queda debemos lograr esa meta. Hay una parte que es tierra nueva, casi 20.000 y el resto es de los 7 millones. En 2023 la meta tiene que ser 1,7 millones de hectáreas en formalización anualmente y 500.000 mínimo de tierra que es nueva o adjudicarle a gente que no tiene tierra.

¿Cuántas demandas hay?

Hemos encontrado una cola de 142.000 solicitudes inscritas en la Agencia para formalización, y no está claro, la ANT ha estudiado la mitad. En esas más de 72.000 se encuentra gente que quiere tierra, tiene o no es suficiente para un organizar un proyecto productivo e incluso quienes no tienen nada.

El perfil

Gerardo Vega, abogado de la Universidad Católica de Colombia. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el trabajo con la Restitución de Tierras y la defensa de los Derechos Humanos. En 1995 fue consejero presidencial del entonces mandatario, Ernesto Samper, para los temas de tierras en el Urabá Antioqueño, luego fue nombrado como cónsul en Bruselas. Coordinó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y fue vocero (entre 2003 y 2006) del Polo Democrático Alternativo en Antioquia. Ha sido investigador, entre sus informes resalta la investigación de tierras ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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