Finalmente, el llamado del sector agrícola global fue escuchado por la Unión Europea. "El Consejo acordó su posición sobre la enmienda dirigida al reglamento de deforestación de la UE, posponiendo su fecha de aplicación por 12 meses", dicen desde la Institución de los 27 países representados.
Este aplazamiento permitirá que los países terceros, los Estados miembros, los operadores y los comerciantes estén plenamente preparados para cumplir con sus obligaciones de diligencia debida, que consisten en garantizar que ciertos productos y mercancías vendidos en la UE o exportados desde la UE estén libres de deforestación.
La ley anti-deforestación hace parte del paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.
¿A quiénes afecta?
La normativa afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles. Según esta normativa, desde el 30 de diciembre de 2024, las empresas que importan a los países de la Unión Europea tendrán que garantizar que no han generado deforestación mediante un sistema de trazabilidad a través de la geolocalización.
La Comisión Europea de los países representantes propuso otorgar el año completo para poder tener las condiciones adecuadas para la adaptación de los cultivos. La prórroga trasladaría la fecha de aplicación al 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y operadores y al 30 de junio de 2026 el límite para las para micro y pequeñas empresas, se dice desde EFE Agro.
¿Qué hace falta?
La Eurocámara es la última en dar el visto bueno, que está en este momento en proceso de análisis de la propuesta presentada por la Comisión.
¿Quiénes en contra?
“Las organizaciones seguimos peleando para que España como país vote en contra de la medida en el Consejo de la Unión Europea”, afirma Isabel Fernández, consultora de Mighty Earth. La portavoz de Mighty Earth explica que la Comisión reabre con su propuesta “un proceso en el que tanto el Parlamento como el Consejo tienen que posicionarse”.
“Pueden retrasar el reglamento pero también son libres de reabrir el articulado y esto es muy peligroso, porque pueden rebajar muchísimo la ambición de un reglamento que ya se había negociado y que al final no serviría para nada”, destaca Fernández.
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