“Generar un mecanismo que hoy regule el acaparamiento de tierras es fundamental"

Durante el foro denominado “Suelo, soberanía y extranjerización de tierras”, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, habló sobre el proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso de la República, sobre la regularización de la extranjerización de tierras y su importancia para brindar seguridad jurídica.

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De acuerdo con Mojica, la pregunta sobre la extranjerización de tierras debe contemplar la seguridad alimentaria. “Lograr entender esa conexión directa que tenemos y que aumenta en una situación de crisis climática y de tensiones en una fiebre mundial por la tierra, es fundamental para entender la pertinencia de hablar de este proyecto de ley que desde el Gobierno Nacional hemos decidido apoyar y acompañar”, resaltó.

Aunque, según la jefa de cartera, en las últimas décadas, la humanidad ha estudiado cómo se ha dado el fenómeno del acaparamiento y la concentración, que es algo trasnacional, en Colombia no se tienen mecanismos estatales o institucionales para contener el fenómeno. Pese a las instancias de cooperación nacional, se sigue desprovistos de medidas.

“Generar un mecanismo que hoy regule este fenómeno del acaparamiento de tierras es fundamental. Poder avanzar en que el Estado regule y permita unas normas claras de cómo se hace también la inversión privada en tierras, sea nacional o extranjera, es también un mecanismo de afianzamiento y seguridad jurídica”, añadió.

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Según Mojica, hay un vacío en la regulación. Al no tener una información catastral clara, se genera incertidumbre jurídica y sobre los derechos de las tierras. “No se venían tomando medidas adecuadas frente al despojo territorial. Tenemos una ley de restitución de tierras desde 2011, pero no ha logrado avanzar en la reparación a las víctimas ni en la restitución de tierras. Hoy tenemos en curso en estancias judiciales más de 12 millones de tierras en procesos judiciales de restitución por conflicto armado, gran parte de ellas de pueblos indígenas y afrocolombianos”, manifestó.

La ministra señaló que es fundamental regularlo con una instalación de una capacidad del Estado que permita hacer una administración de la tierra como recurso finito, que tiene que cumplir unas prioridades.

“Desde el Plan Nacional de Desarrollo ya definimos cuáles son nuestras prioridades. La primera es el ordenamiento en torno al agua. La segunda es la reforma agraria, seguida de la protección de áreas para la producción agroalimentaria, con una apuesta de rescatar estas agriculturas familiares. Este proyecto nos va a ayudar a limitar esa extranjerización, a regularla y a viabilizar en las condiciones donde se dé, donde se requiera dar, con una racionalización del recurso de la tierra por parte del Estado”, afirmó.

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Agregó también que hay fenómenos de concentración de tierras, especialmente en la altillanura colombiana, que hoy están en una situación de inseguridad jurídica porque se hicieron transgrediendo la normatividad agraria. "Para este tipo de situaciones ya consolidadas, se deben crear mecanismos que motiven caminos de regularización".

“La seguridad jurídica se da cuando un Estado tiene unas reglas claras del juego y una institucionalidad que trabaja en esas líneas. Por eso creemos que hacer esa discusión en el seno del congreso es fundamental. La reforma agraria busca recuperar tierras rurales que hoy están acaparadas en grandes latifundios ociosos que no generan ni prestan ninguna función social, ni ecológica, y permitir que la genere”, concluyó.