Más de 6.500 hectáreas han sido destruidas en Cauca desde el inicio de las invasiones

El pasado fin de semana, el norte del Cauca fue nuevamente epicentro de invasiones en propiedad privada y de amenazas contra trabajadores pertenecientes al sector de la caña.

Esta vez la situación se presentó desde el viernes pasado en la Hacienda San Judas, en el municipio de Corinto, y la Hacienda Japio, entre Caloto y Santander de Quilichao, en Cauca.

Gerardo Iván Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, afirmó que rechazan las invasiones. “En el caso de la Hacienda Japio hubo terrorismo ambiental, acompañado de la invasión, que afectó 65 hectáreas de reserva de pino con especies nativas que fueron quemadas, sin contar la afectación de la fauna y la flora a su alrededor”.

Adicionalmente, el líder gremial explicó que hubo 60 hectáreas de finca totalmente destruidas. “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional porque son 200 años de preservación de una reserva y bosque tropical seco protegido en la finca Japio, que fueron completamente afectados con las acciones de terrorismo ambiental”.

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Fueron más de 100 hectáreas destruidas de reserva natural y producción de caña de la finca Japio el pasado fin de semana. Arroyo dijo que unas 6.500 hectáreas han sido destruidas desde que empezaron a agudizarse los problemas de las invasiones, con una afectación de 6.000 empleos, cifra que coincide con lo registrado por Procaña.

“Desde 2014 se viene presentando una situación muy grave de violación a la propiedad privada, de los derechos humanos, pérdida del cultivo y de casi 6.000 empleos, que nos han puesto en conversaciones con el Gobierno Nacional pidiéndole restablecer el orden”, explicó Martha Betancourt, directora de Procaña.

Arroyo también hizo un llamado al Gobierno sobre el caso de la finca Japio, “para que anuncie las medidas que se tomarán frente a las acciones que atentaron contra el medio ambiente y que las autoridades del orden nacional establezcan la identidad de los responsables y paguen por el crimen ambiental”.

La misma entidad estableció que unas 30 propiedades han sido invadidas en lo corrido del año, situación que se ha agravado con amenazas a los trabajadores del sector e incluso algunos casos de secuestro.

Asocaña ha registrado con corte al 15 de junio tres trabajadores asesinados, ocho heridos por arma de fuego y tres más secuestrados que fueron liberados horas después del sometimiento.

Diferentes entidades gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), han condenado los hechos, pues “no solo están destruyendo los cultivos, sino impidiendo que las comunidades que habitan la zona se pueda mover con tranquilidad”.