Casi un tercio del ganado comprado por JBS SA en el estado amazónico brasileño de Pará provenía de ranchos con “irregularidades” como la deforestación ilegal, hallaron fiscales en una auditoría del 2020 al mayor empacador de carne del mundo publicada el jueves.
En una presentación, los fiscales federales dijeron que estaban “negociando mejoras” con empresas como JBS con un desempeño “insatisfactorio y empeorado” en la auditoría, que analizó las transacciones de ganado entre enero del 2018 y junio del 2019.
En un comunicado, JBS sostuvo que la auditoría cambió algunos de sus criterios, impactando en los resultados. Pero los fiscales dijeron que nada cambió en su metodología o en la forma de auditar a las empresas.
JBS también reconoció la necesidad de implementar “medidas adicionales para reforzar su trabajo de diligencia debida en el estado” y dijo que invertiría 5 millones de reales (cerca de US$ 910.000) para mejorar la sostenibilidad de su cadena de suministro.
La auditoría no encontró irregularidades relacionadas con las compras de ganado de Minerva, el mayor exportador de carne de vacuno de Sudamérica y un rival clave de JBS, según la presentación.
La ganadería es uno de los principales motores de la deforestación de la selva amazónica y los resultados de la auditoría se suman a la creciente preocupación de que JBS esté contribuyendo a la destrucción al comprar ganado procedente de tierras taladas ilegalmente.
El Amazonas, la mayor selva tropical del mundo, es un baluarte crucial contra el cambio climático debido al carbono que absorbe y almacena.
JBS y otros grandes empacadores de carne llegaron a un acuerdo con los fiscales en el 2013, por el que las empresas acordaron no comprar ganado de ranchos que fueron desbrozados ilegalmente desde el 2008 o que de alguna manera estaban en la lista negra de delitos ambientales.
Las empresas también acordaron dejar de comprar animales a los ganaderos incluidos en la lista negra por participar en el trabajo esclavo, ocupar tierras indígenas y violar las reservas ambientales.
El acuerdo fue inicialmente celebrado por contribuir a un notable descenso de la deforestación, pero en los últimos años ha suscitado crecientes críticas de los ecologistas por su falta de firmeza.
Aunque los fiscales tienen el poder de multar a las empresas por su mal cumplimiento, hasta ahora han optado por no hacerlo y han preferido trabajar con los frigoríficos para mejorar sus resultados.
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