Fedegan recibió con extrañeza el Informe Final de Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República (CGR), en donde se formula un hallazgo con presunto alcance fiscal y disciplinario contra el gremio administrador del Fondo Nacional del Ganado.
Vale destacar que, el contralor delegado para el sector agropecuario, Gabriel José Romero cuestionó el reconocimiento de gastos administrativos a las organizaciones gremiales que ejecutan la vacunación en las regiones.
Romero responsabiliza a Fedegán de girar recursos para el pago de conceptos como arrendamientos, servicios públicos, servicios de celular y cadena de frío a las organizaciones gremiales que llevan a cabo la logística de los ciclos de vacunación en las regiones, porque, según su criterio, estas entidades deben asumirlos.
Por ello, según Jaime Daza Almendrales, representante legal del Fondo Nacional del Ganado y tal como se destaca en un comunicado de prensa emitido por dicha entidad, es inaudito que la Contraloría pretenda que las organizaciones ganaderas sufraguen con sus recursos los gastos de administración, pues no solo se trata de entidades que luchan por construir gremialidad en la difícil situación del campo, sino que son los propios ganaderos, a partir de su aporte al Fondo Nacional del Ganado, los que financian la ejecución de los ciclos de vacunación.
"Desde hace 23 años se han aprobado esos gastos administrativos que hoy, de manera inconsecuente, a mi juicio, la Contraloría Delegada pretende descalificar, empañando un enorme y meritorio esfuerzo del gremio, siguiendo las directrices del ICA como autoridad sanitaria, y del Ministerio de Agricultura”, dijo Daza.
Así mismo, Daza resaltó que es cuestionable el hecho de que a lo largo de 23 años la Contraloría nunca cuestionó el reconocimiento de esos gastos y que por ejemplo, en el informe de auditoría de las vigencias 2016 - 2018, suscrito por el contralor Romero cuando el administrador del FNG era el Ministerio de Agricultura a través de Fiduagraria, no solo se reconoce la ejecución de recursos a través de contratos con estas Organizaciones Ejecutoras Ganaderas, sino la complejidad de la operación y la existencia de estos gastos dentro de los contratos.
Según Daza, en dicho informe de auditoría se menciona expresamente que "la revisión se centró en selectiva a los contratos suscritos con las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas para cubrir gastos administrativos y de transporte para los programadores y vacunadores”.
Por ello destacó que, “en esa ocasión, como ya lo mencioné, no hubo ninguna observación o reparo, y menos aún un hallazgo con connotación fiscal y disciplinaria”.
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