El enigma del campo colombiano

Cuando en 2013 se aprobó el punto 1 de los acuerdos de La Habana, no se tuvo en cuenta que éste aún debe formalizarse para garantizar la estructura de la tenencia de la tierra, dentro de un nuevo Derecho Agrario del Posconflicto, el que necesita además integrarse dentro de un Plan de desarrollo Rural, sobre el cual hay que efectuar las siguientes apreciaciones, para los próximos diez años:

La excesiva concentración de los índices de la tierra, que se acentuó cuando los narcotraficantes se apoderaron de los valles de los ríos Cauca y Magdalena, ha hecho que algunas personas consideren que hay en el acuerdo amenazas a la propiedad o seguridad jurídica sobre la tierra en Colombia. Pero, debe haber un compromiso para la Reforma Rural Integral - RRI del posconflicto, diferente a la clásica reforma agraria, incentivando la creación del Fondo de Tierras que tenga una disponibilidad para asignar mínimo tres millones de hectáreas para entregar a campesinos sin tierra o “sin tierra suficiente”, a trabajadores con vocación agraria, desplazados y a hombres y mujeres cabeza de familia.

En los acuerdos se incluyó la creación de un Banco de Tierras, el cual, se debe nutrir de las ocho fuentes que se señalan en el texto aprobados. Para esto es necesaria la formalización de la tenencia de la tierra como propósito central que preside las políticas agrarias del posconflicto; reactivar la Jurisdicción Especial Agraria y modernizar el Catastro Nacional del Censo Rural, el Predial y uso del suelo.

Un punto clave es el de financiar las Zonas de reserva campesina, para lo cual, las Farc habían pedido 54 zonas que equivalían a nueve millones de hectáreas con autonomía política, administrativa, judicial y presupuestal. Es necesario también desarrollar Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Integral (Pdef), lo cual implica la erradicación de cultivos ilícitos, la participación comunitaria y la priorización de las zonas para desarrollo rural por niveles de pobreza, grupos de afectación del conflicto, debilidad institucional, etc.

Para esto se deben elaborar guías de inversión y presencia estatal en los ámbitos rurales durante el posconflicto, para lo cual se requiere ejecutar el Plan Nacional de vías terciarias, de riesgo y drenaje; de salud rural; de educación rural; de constitución y mejoramiento de vivienda rural; de fomento a la economía solidaria y cooperativas rurales; de asistencia integral, técnica, tecnológica para investigación.

Así mismo, se deben ejecutar planes para apoyar y consolidar ingresos para la familia campesina para la promoción y comercialización de productos campesinos; para la protección social y garantías de derechos de los trabajadores rurales; y, para la creación de un sistema de seguridad alimentaria y nutricional para la población rural.

Me preguntó: ¿Cómo se va a financiar el postconflicto rural?; ¿Los planes sectoriales poseen recursos suficientes? Para esto se requiere un punto del PIB por año: $8 billones que deben salir del Presupuesto Nacional, del sector privado y de la cooperación internacional.

La raíz del conflicto colombiano se ha nutrido del conflicto agrario. ¡Es hora de validar nuestro territorio y retomar la vocación del campo para todos los colombianos!