Para cubrir el predial de los territorios indígenas se destinan unos $38.000 millones anuales

Hoy se espera que finalice el recorrido de la Minga Indígena con su llegada a Bogotá, y con su arribo revive un punto que siempre ha resaltado en la reclamación de estas comunidades: el de más tierra, una petición en la que rara vez se recuerda que el impuesto predial de esos resguardos lo asumen todos los colombianos, pues del Presupuesto General se destinan cerca de $38.000 millones cada año para su pago.

Aunque para el director de la FAO Colombia, Alan Bojanic “hablar de tierra y entrega de títulos ha sido un tema que genera controversia, hay que destacar que el país ha avanzado en la titulación”. De hecho, de los 114 millones de hectáreas, casi 29 millones (25,3% del territorio), según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), están legalizadas para los indígenas.

Algo que poco se sabe es que cada hectárea que reciben las comunidades son recursos que dejan de llegar a los municipios en los que están esos terrenos por concepto del impuesto predial. Desde 1990, la Ley 44 (modificada por la Ley 233 de 1995) dice que cada año del Presupuesto General deben salir recursos para solventar esos dineros. Y, por ejemplo, para 2020, el Ministerio de Hacienda asignó $38.693 millones. De ese monto, al corte del 26 de mayo (último dato disponible), se han girado $10.778 millones a resguardos que en su mayoría se ubican en Chocó.

“Entonces son recursos que salen de los impuestos de los colombianos, esos son cálculos que también se deben tener en cuenta con la entrega a resguardos. Es plata de los contribuyentes”, agregó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya.

El Estado es el responsable de girarle esos dineros a los municipios porque son tierras que al tener un trato fiscal especial no pueden entrar dentro de los planes ni de las alcaldías, gobernaciones o empresas privadas, ni mucho menos tienen la misma responsabilidad tributaria que cualquier otro predio.

“Muchas veces esto mismo genera demoras en la entrega o en el proceso de titulación de tierra, porque cuando empiezan los trámites hay que ver si alguien se opone a la entrega, a veces ese mismo predio lo están pidiendo campesinos, otras comunidades o ahí se tenía previsto algún proyecto de expansión urbana en zonas rurales de una alcaldía, hasta quedaría fuera del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”, detalló Juan Camilo Cabezas, director de Asuntos Étnicos de la ANT.

Para 2021 la cifra podría seguir subiendo, si se tiene en cuenta que este año, pese al covid-19, la ANT siguió en su tarea de entrega de títulos a población víctima del conflicto y a los indígenas. Por el momento, resulta difícil saber cuánto aumentaría la cifra que se deben girar a los municipios, pues LR consultó con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi si se puede hacer un nuevo cálculo del metro cuadrado en las zonas con resguardos, pero la entidad no respondió.

“Aún hay una deuda con claridad de datos para tener mayor margen de información en estos debates que están naciendo mucho más por estos días. Parte de una conversación entre Gobierno y las comunidades debe ser también con base en una estadística que aún no ha sido fácil recolectar históricamente en cuanto a tierras se refiere”, comentó el ex codirector del Banco de la República, y exministro Agricultura, José Antonio Ocampo.

¿Dónde está la tierra indígena?
La ANT compartió con este diario el listado de los 11 departamentos con mayor presencia de comunidades indígenas (aún está pendiente el consolidado de las demás regiones) y cuánto del territorio ya tienen legalizado con corte al 16 de octubre de este año (Ver gráfico).

Por un lado, Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada y Guaviare, como tradicionalmente se sabe, son los departamentos en los que por su densidad selvática tienen la concentración de resguardos. Solo en esos cinco departamentos hay 24,1 millones de hectáreas legalizadas para los resguardos.
Pero, igualmente, las comunidades étnicas se dispersan en esos mismos cinco departamentos por más de 26,4 millones de hectáreas, es decir 2,2 millones por encima de lo que ya está legalizado como resguardo.
Aquí es cuando aparecen las discusiones sobre las pretensiones de las comunidades, pues un problema de fondo es que, pese a que ya hay terrenos entregados por el Estado, los indígenas ocupan territorio adicional o piden más.
Esto se ve con mucha más fuerza en otros departamentos como pasa en Cauca (que ocupa el puesto 11 entre los que más títulos tienen para resguardos). Allí, la extensión total es de poco más de 3 millones de hectáreas, y 7%, es decir 189.703 es lo que tienen titulado. Pero las comunidades se dispersan por 29% del territorio, exactamente 879.797 hectáreas.
Visto de otra forma, las comunidades están pidiendo 690.094 hectáreas, las cuales aún están en revisión, un tema que puede tardar años.

Los efectos de la poca información territorial
Un informe del Banco de la República señaló en 2018 que las disputas territoriales tienen una demora de hasta tres o cinco años por encima de lo que se deberían tardar porque Colombia no cuenta con información precisa sobre sus tierras.

Es decir, suponiendo que un fallo sobre un predio tardó ocho años, si el país hubiese tenido estadísticas claras, habría sido resuelto en hasta tres años. Eso mismo es lo que ocurre con los baldíos, porque, por ejemplo, aún ni el Igac tiene una cifra clara sobre cuánta de esa tierra está bajo esa condición. De hecho, lo más cercano es lo que se ha hecho en cuanto a recolección de data académica, que presume que 40 millones de hectáreas pueden ser baldías.