Diferentes sectores del agro manifestaron durante el Congreso Nacional Agropecuario de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, su preocupación ante la situación de inseguridad y de orden público que atraviesa el campo, por encima de otras problemáticas como el cambio climático y los manejos fitosanitarios; mientras que los gremios de la caña de azúcar pusieron sobre la mesa la crisis en el norte del Cauca, otros como los arroceros y palmeros dijeron ser víctimas de extorsión y destrucción de fincas productoras.
“Indudablemente la mayor preocupación es la seguridad. Casi todos los agricultores de Colombia arroceros están siendo extorsionados en todas las regiones, en todas partes.Hemos pedido en todos los tonos que se haga algo por la seguridad, robo de maquinaria, pedimos que haya condiciones para poder producir”, afirmó Rafael Hernández, gerente de Fedearroz.
El gerente de Fedecafe, Germán Bahamon, dijo que ha disminuido la confianza de los agricultores para ir a sus tierras para hacerlas productivas, los niveles de inseguridad son altísimos. La seguridad jurídica es que nos ayudaran a titular las fincas, no que nos las quiten”.
Nicolás Marulanda, presidente ejecutivo de Fedepalma, dijo que la situación en el sector palmero se ha agravado. “No se le puede pedir a los productores que sean competitivos, rentables y sostenibles sino hay seguridad en el campo. El segundo elemento es la seguridad jurídica, no puede pretenderse que con la inseguridad que hay sobre la tenencia de la tierra el productor invierta, sin los preceptos básicos acá no habrá ninguna transformación y pondremos en jaque lo que ya hay”.
Claudia Calero, presidenta de Asocaña, aseguró que cinco trabajadores del gremio han sido asesinados en lo corrido del año, sin contar las constantes invasiones que sufren las fincas en municipios como Corinto, al norte del Cauca.
De hecho, cifras de Procaña entregadas a este diario mostraron que, desde 2015, más de 6.500 hectáreas fueron destruidas en Cauca desde el inicio de las invasiones.“Desde 2014 se viene presentando una situación muy grave de violación a la propiedad privada, de los derechos humanos, pérdida del cultivo y de casi 6.000 empleos, que nos han puesto en conversaciones con el Gobierno Nacional pidiéndole restablecer el orden”, explicó Martha Betancourt, directora de Procaña.
Jorge Bedoya, presidente de la SAC, también señaló que “sin seguridad no habrá seguridad alimentaria”, refiriéndose a las quemas de bosque de reserva natural ocurridas en Cauca y la toma de los trabajadores como rehenes, que se añaden a las constantes amenazas que sufren en el sector.
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