La historia de Chiquita Brands, la empresa bananera que financió al paramilitarismo

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Chiquita Brands International, una de las empresas bananeras con mayor trayectoria del mundo, fue declarada culpable por financiar con una suma de US$1,7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004. Un juez del Distrito Sur de Florida determinó que los dineros que giró la multinacional fueron utilizados para cometer crímenes de guerra.

La multinacional estadounidense, que fue fundada en 1870, tuvo una larga trayectoria en el mercado colombiano, hasta que cesó sus operaciones en 2004. Muchos de los episodios en los que estuvo involucrada marcaron la historia del país, como fue el caso de la Masacre de las Bananeras, cuando todavía se llamaba United Fruit Company.

Esta empresa, que fue fundada en 1899 luego de una fusión entre la Boston Fruit Company y la empresa ferroviaria Minor C. Keith, estuvo involucrada en la matanza de sus trabajadores a manos del Ejército Nacional, para poner fin a una huelga que organizó el sindicato de los empleados de la multinacional.

Luego de quebrarse en la década de 1970, la compañía se reorganizó como Chiquita Brands International y, su filial en Colombia, estuvo involucrada desde finales de la década de 1990 con el paramilitarismo, un patrocinio que fue descubierto por las autoridades en 2004.

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Después de un litigio de 17 años, que arrancó en 2007 por una serie de demandas civiles interpuestas por nueve víctimas,la compañía confesó haber incurrido en dichos pagos ese mismo año, en un periodo entre 1997 y 2004. En los expedientes quedó registro que los altos directivos de la empresa matriz en Estados Unidos conocieron de los pagos hechos a la AUC por parte de la filial colombiana.

Pese a estar obligada a entregar US$38,3 millones a las víctimas por su financiación a las autodefensas, la compañía señaló que realizó los pagos para lograr la protección de sus empleados, algo que las autoridades no pudieron comprobar.

La empresa, que tiene presencia en casi 70 países con su marca insignia empleando alrededor de 18.000 personas, aseguró durante todo el proceso que los pagos se realizaron bajo presiones y extorsiones, pero los testimonios de las víctimas y jefes miembros de las AUC condenaron la veracidad de lo relatado por la multinacional.