Una Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades por $160.000 millones en la adquisición de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la Reforma Rural Integral.
Entre los principales hallazgos se encuentran la compra de terrenos con suelos inadecuados para la producción agropecuaria, la ocupación ilegal de predios adquiridos y retrasos en su entrega a las comunidades campesinas y étnicas.
La auditoría, realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, evaluó la gestión de la ANT entre 2022 y el 30 de abril de 2024. Como resultado, se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tendrían alcance disciplinario y 6 posible impacto fiscal.
Además, el ente de control solicitó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio debido a inconsistencias en la información reportada por la entidad.
Las anomalías detectadas, según la Contraloría, comprometen la ejecución de la Reforma Rural Integral y el uso adecuado de los recursos destinados a campesinos y comunidades étnicas. Se evidenció la adquisición de terrenos con más del 50% de su superficie en suelos clasificados como clase VII, que presentan severas limitaciones para la agricultura y la ganadería. Esta compra contraviene la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíben la compra de predios para campesinos si más del 20% de su extensión corresponde a suelos de clases VII y VIII.
Además, en algunos casos, el 30% de la superficie estaba compuesta por humedales, lo que reduce aún más su viabilidad para proyectos productivos. Estas adquisiciones representan un posible mal uso de $43.306 millones.
La auditoría encontró que varios terrenos adquiridos por la ANT fueron ocupados ilegalmente, debido a la falta de control y custodia. Esta situación genera un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones y afecta a las comunidades campesinas beneficiarias.
La Contraloría señaló que solo el 18,5% de los predios ingresados al Fondo de Tierras han sido registrados oficialmente. De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% fueron entregados a campesinos, el 5,3% a comunidades indígenas y el 1% a comunidades negras.
El órgano de control explicó que estos retrasos no solo dificultan la ejecución de proyectos productivos, sino que también generan costos adicionales de mantenimiento y afectan el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. El presunto detrimento por estas demoras asciende a $110.322 millones.
*Con información de Colprensa
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