¿Por qué las políticas públicas sostenibles son claves para el desarrollo agropecuario?

El sector agropecuario colombiano es reconocido por ser fundamental para la economía nacional, debido a que garantiza la seguridad alimentaria, genera empleo y promueve el desarrollo rural. No obstante, este mismo enfrenta grandes desafíos que requieren la implementación de políticas públicas sostenibles y de largo plazo para asegurar su crecimiento y competitividad.

Las políticas públicas a largo plazo, de hecho, brindan estabilidad y certidumbre a productores, inversionistas y trabajadores del sector agropecuario. A diferencia de las medidas a corto plazo, que pueden abordar coyunturas específicas y contribuyen a una visión integral para el desarrollo sostenible del sector, pese a que carece de continuidad.

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La implementación de estas políticas tiene grandes beneficios para el sector, como, por ejemplo, la modernización del sector agropecuario por medio de la inversión de tecnología, investigación y desarrollo, que es esencial para aumentar la competitividad en mercados internacionales.Igualmente, la promoción de prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente, para así poder mitigar el impacto del cambio climático y garantizar la viabilidad del sector a largo plazo.

No obstante, políticas públicas bien diseñadas pueden mejorar la productividad agropecuaria. Pero para ello es crucial integrar a pequeños productores de formas asociativas o cooperativas agrícolas que, a su vez, genera economía de escala para el sector para poder facilitar el acceso a servicios de maquinaria e insumos agropecuarios, y permite la participación en diferentes proyectos agroindustriales para quienes pertenezcan a esto. Programas de capacitación y extensión rural, incentivos para la adopción de tecnologías modernas y mejoras en infraestructura, son fundamentales para este propósito.

Además, establecer las políticas públicas de largo plazo dan pie para el desarrollo rural y la equidad. Al mejorar las condiciones de vida en las diferentes zonas rurales que hay en el país, se reduce la migración hacia las ciudades y se fortalecen las economías locales. Es clave fortalecer temas como el acceso a servicios básicos, educación y salud de calidad en el campo, que son valiosos para poder acabar con esas brechas de desigualdad y garantizar un desarrollo más inclusivo

Bajo este contexto, una de las normativas que más sé destacan en este ámbito es la Ley N.º 9.456, de 25 de abril de 1997, conocida como “Ley de Protección de Cultivares”, que fue uno de los hitos más importantes, que permitió avances tecnológicos en los diferentes sistemas de producción agropecuaria del país. Así como también la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero Ley 101 de 1993, que establece el marco general para el desarrollo del sector agropecuario y pesquero en el país. Incluye disposiciones sobre la promoción de la investigación, tecnológica, equidad, reciprocidad y protección de recursos.

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El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por su parte, establece un régimen de protección que permite a los obtentores de nuevas variedades vegetales de tener derechos exclusivos sobre sus creaciones, el cual recibe el nombre de “Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales”. Esta política incluye excepciones como el uso de semillas protegidas por parte de los agricultores para la replantación. De igual manera, esta misma busca equilibrar los intereses de los agricultores, para promover la innovación y el acceso a material vegetal de calidad.

Finalmente, la Ley 2193 de 2022 promueve programas que garantizan el fomento y la protección de una de las actividades más importantes para el ecosistema, como es la apicultura. Esta normativa reconoce esta actividad como componente estratégico para lograr la protección de la biodiversidad, la conservación agrícola, la adaptación al cambio climático y esos aspectos que influyen en la polinización, por ende, en la calidad y rendimiento de la agricultura y sus cultivos.

Estas normativas, además de ser importantes, reflejan el compromiso que tiene el país frente a la protección de cultivares y el desarrollo sostenible del sector agropecuario para poder encontrar un equilibrio entre la innovación, los derechos de los obtentores y las necesidades que tengan los agricultores.