Una de las más controvertidas propuestas del Gobierno ha sido la creación de una Corte Agraria y Rural, que está siendo discutida en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y que se presentó en el proyecto de acto legislativo 173/2022C.
Su objetivo primordial es modificar el artículo 116 de la Constitución Política para incluir una nueva alta corte que se encargue de la jurisdicción rural.
Entre las funciones que tendría esta nueva alta corte está desempeñar las funciones de tribunal Supremo y órgano de cierre de la jurisdicción agraria y rural, revisar las decisiones judiciales de dicha jurisdicción, dirimir los conflictos de competencias, preparar y presentar proyectos de ley y de actos reformatorios de la Constitución en relación con los asuntos de su competencia y ejercer las demás funciones que determine la ley.
Algunos congresistas como Agmeth Escaf expresaron que, con esta reforma, se garantizaría el derecho a la tierra, asegurar la seguridad de los campesino y agricultores y promover el desarrollo rural. “Es necesaria un corte de cierre agrario para unificar la jurisprudencia”, escribió en su cuenta de Twitter.
Néstor Osuna, ministro de Justicia, dijo que “la jurisdicción agraria escuchará y resolverá los conflictos de las familias campesinas. Llevará seguridad y tranquilidad a quienes labran la tierra”.
Pero ante este proyecto de ley se han opuesto desde congresistas hasta los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado, quienes enviaron una carta al Congreso sobre esta modificación a la Constitución.
Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, dijo que las controversias agrarias y rurales se resuelven de manera eficaz y eficientes con la creación de tribunales y jueces especializados en la materia.
“Es innecesario modificar el art. 116 de la Carta Política con un nuevo órgano de justicia, con es la Corte Agraria y Rural. Lo viable es adicionar el artículo 234 Superior, en el sentido que la Corte Suprema de Justicia será el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, agraria y rural”, agregó.
En la carta también estipularon que, la única forma de dotar de elementos materiales y herramientas jurídicas reales, es con más jueces y magistrados especializados en la materia, "mediante los cuales se cristalice y garantice el funcionamiento de la verdadera jurisdicción agraria requerida por los habitantes de la mayor parte del territorio nacional, azotados por la violencia y la problemática de la tierra".
La senadora Paloma Valencia, quien solicitó el hundimiento de del proyecto, dijo que “Colombia ya tiene seis altas cortes y vamos para una séptima; uno se pregunta ¿será que quienes proponen esto no han entendido que el problema de la justicia es que no hay una jurisprudencia obligatoria, que es lo que permite que usted haga que todos los casos iguales, se fallen igual; eso da velocidad y transparencia, pero cuando usted tiene tantas cortes, lo que termina teniendo es que una corte diga una cosa. y la otra y la de más allá otra, y el juez termina fallando como quiere”.
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