Gobierno ratifica medidas para protección de suelos y agua en el Suroeste antioqueño

El Suroeste antioqueño fue el escenario en las últimas horas de un importante diálogo social con comunidades, autoridades locales y departamentales de la región alrededor de la resolución 377 de 2024 que identifica la Zona de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa) en esta subregión.

Dicha reunión se dio después de una serie de críticas en relación a que este decisión prohibiría, por ejemplo, la ganadería o minería en determinados territorios. Muchos coinciden en decir que este tipo de decisiones son una especie de "expropiación", adicional de la incertidumbre y preocupación en diversos sectores económicos, incluyendo floricultores, ganaderos y empresarios del turismo.

La medida deja varias dudas. Una que ronda, por ejemplo, es si será suficiente esta medida para producir alimentos, sobre todo tendiendo en cuenta la importación de productos subsidiados debido a los varios TLC que tiene Colombia, lo que para muchos se puede interpretar como competencia desleal en el comercio exterior.

Las Zppa son el primer escalón que le da paso a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), que es la figura de la política agraria del Gobierno que, entre otros, busca fortalecer los procesos de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, y que los productores locales sean el motor de la seguridad alimentaria del país con el propósito de erradicar la pobreza rural extrema.

La reunión estuvo presidida por las ministras de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y la viceministra de Minas, Johana Rocha, quienes estuvieron tuvieron una sesión pedagógica y otra de debate, que contó con la presencia de autoridades departamentales y municipales.

La ministra Martha Carvajalino fue enfática al señalar que el espíritu de la resolución es definir el ordenamiento para proteger la producción de alimentos en Colombia. “Esta determinante que ustedes quieren negar no es otra determinante distinta a esa para que las familias campesinas puedan seguir produciendo con seguridad, con garantía”, señaló.

“Se me pide suspender los efectos de una decisión administrativa que tomó esta servidora pública en Bogotá en representación de campesinos y campesinas que producen alimentos, cuyo único efecto es abrir el diálogo. Y se me pide suspenderla para abrir el diálogo. Pues diremos con toda claridad: mantenemos la decisión”, agregó Carvajalino.

La ministra Susana Muhamad se refirió sobre el modelo minero energético que hay en el país desde comienzo de siglo, y sostuvo que es un esquema que se impuso desde Bogotá sin consultar en el territorio y generando un caos regional, porque las comunidades se enteraban de que había un gran proyecto minero en su región en el último momento.

Resaltó la importancia de las Appa para garantizar la conservación de suelos rurales y la seguridad alimentaria. “Estamos en disposición de trabajar con ustedes y el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio de Agricultura en los modelos agroecológicos que producen, pero a la vez recuperar la naturaleza para la seguridad de todos y todas”.