Agro

ANT buscaría resolver 37.105 procesos agrarios de predios privados y baldíos de la Nación

Hay casos de clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos, deslinde de tierras de la Nación y extinción del derecho de dominio
Juan Diego Murcia
04 de mayo de 2023
Gerardo Vega - Pierre Ancines/LR
Gerardo Vega - Pierre Ancines/LR

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en cabeza de Gerardo Vega Medina, explicó que pretende solucionar más de 37.105 procesos agrarios sobre predios privados y baldíos de la Nación, para cumplir con la sentencia SU-288 de la Corte Constitucional, que le da a la entidad la competencia para delimitar, recuperar y adjudicar baldíos.

Del total de procesos agrarios, 95% corresponden a casos de clarificación de la propiedad. Julio Cuastumal Madrid, director de la gestión jurídica de tierras de la ANT, dijo que con esos predios la entidad “tiene el compromiso de realizar intervenciones en los procesos de pertenencia que inician los jueces civiles para determinar si el predio es privado o es un baldío de la Nación, y lo debemos hacer de manera rápida”.

El resto de los procesos agrarios se divide en 862 casos de recuperación baldíos que fueron indebidamente ocupados por ciudadanos, 488 de extinción de dominio sobre predios que no cumplen con la función social de la tierra, y 418 de deslinde en los que la ANT delimitará los terrenos privados de los públicos, como en la Laguna de Tota, ubicada en Boyacá.

Boyacá es el departamento que más casos concentra, con más de 12.064, lo que representa 31% del total, según explicó la ANT. En ese listado sigue Córdoba (3.899), Cundinamarca (3.642), Santander (2.581) y Nariño (2.170).

La orden 27 de la sentencia SU-228 de la Corte, exige a la Agencia Nacional de Tierras elaborar un inventario nacional de baldíos y un plan de recuperación, por lo que es clave resolver los procesos de la entidad. La meta de la ANT es la intervención de 270.000 hectáreas con procesos agrarios.

Para estos procesos, la Agencia Nacional de Tierras asignó $80.000 millones para la subdirección de procesos agrarios y gestión jurídica de tierras. “Hasta el año pasado, tenía $12.000 millones, los cuales eran insuficientes para cumplir con todos los compromisos que hay respecto a la tenencia de la tierra y los conflictos agrarios en el país”, agregó Cuastumal.

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