SAC, 145 años al servicio del país y del agro

Colombia cuenta con una tradición gremial empresarial de más de 100 años. Cronológicamente, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) es el primer grupo de interés constituido en Colombia, un gremio que nació en 1871 para darle fundamentos e incidencia a esta actividad promisoria para el desarrollo de un país en camino a la modernidad, eficiencia y racionalidad.

Hemos sido parte de la historia económica de Colombia que, en la actual coyuntura, está empezando a retomar conciencia de la importancia de consolidar el campo como una prioridad nacional, tanto como uno de los ejes de desarrollo futuro como una actividad económica que puede contribuir a superar la crisis fiscal que ha generado la ausencia de la renta petrolera, como parte fundamental en el avance hacia la reconciliación y convivencia. Al hablar de Paz hablamos también de los beneficios que traerá esta a una población que por años ha sido víctima del conflicto armado y del rezago de la violencia.

Sus aportes han sido amplios y reconocidos desde su creación en la que sus gestiones no solo se han limitado a ser, en apoyo del Estado, un formulador de políticas en beneficio del campo. Originalmente y como se puede constatar en los periódicos que reposan en la biblioteca de la SAC, y en la misma Revista Nacional de Agricultura, hemos sido constantes.

Hoy, con 145 años de existencia, tenemos el deber seguir procurando que todas las actividades que representamos sean competitivas y rentables, que atraigan flujos de capital bajo un clima de negocios que genere confianza, empleo y mayores ingresos para nuestros productores y sus familias.

En la historia que bien narra en un artículo escrito por Juan Manuel Ospina, expresidente de la SAC, para la edición 971 de la Revista Nacional de Agricultura RNA, vemos que los debates sobre el uso productivo de la tierra en el país siempre han sido los mismos: inestabilidad jurídica y poco acceso; bajos presupuestos públicos; deficiencia en las cadenas productivas de valor; políticas públicas sesgadas hacia el desarrollo de las ciudades y una inversión privada limitada e incluso estancada por diversos aspectos estructurales. Así, llegamos a un punto en el que debemos pensar en el futuro del agro, en cambiar nuestro discurso y pasar a hablar de empresarizar y formalizar a los pequeños, medianos y grandes productores; a comenzar a consolidarlo con oportunidades y capacidades reales para ellos mismos. El Dr. Carlos Gustavo Cano lo dice en el mismo medio de comunicación: “hablemos de Industria Agrícola y de invitar a los jóvenes a ser parte de la verdadera Transformación del Campo”.

Se requiere entonces reafirmar la voluntad real para dar las condiciones adecuadas a la inversión, ya sea la realizada con los recursos públicos, privados o a través de alianzas público-privadas. No es posible mejorarla confianza inversionista para impulsar el PIB agropecuario y su contribución al crecimiento del país sin avances claros en: infraestructura de riego y drenaje, vial y poscosecha; ciencia, tecnología e innovación; asistencia técnica integral; estabilidad jurídica en muchos aspectos y particularmente sobre la propiedad de la tierra y reglas de juego en los mercados; certidumbre sobre la implementación del Acuerdo de Paz; una tributación que incentive el emprendimiento, la formalización, la generación de empleo y que luche contra la evasión.