Los avances que han tenido las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura), mediante la Resolución 000161 de 2024, declaró las primeras Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), lo cual se hizo en ocho municipios del sur de La Guajira. Estas áreas suman en total 79.958 hectáreas, las cuales están distribuidas entre San Juan del Cesar; Fonseca; Distracción; El Molino; La Jagua del Pilar; Villanueva; Urumita y Barrancas.

Además, continúa el proceso de identificación en alrededor de 100 municipios en departamentos como Córdoba, Antioquia, Sabana Centro de Cundinamarca, Tolima, Santander, Putumayo, Cauca y Meta.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) es la que identifica estas áreas, labor que ha venido desarrollando desde hace 12 años, en los cuales ha trabajado en diferentes temas de ordenamiento territorial, social y productivo de la propiedad rural y, uno de ellos, es la identificación de territorios que, por sus características socioeconómicas y productivas, deberían estar protegidos y dedicados a la producción de alimentos.

Dora Inés Rey Martínez, directora general de la Upra, señala: “en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 que adopta el Plan Nacional de Desarrollo, este proyecto tomó más fuerza y por eso hablamos de la identificación de las Appa, las cuales buscan proteger el suelo rural con el fin de garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada en Colombia”.

Además, enfatiza, que estamos protegiendo los territorios de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, porque ellos producen el 70% de los alimentos que se consumen en Colombia. La identificación y declaratoria de estas Áreas van a fortalecer este tipo de agricultura, asegurando que los productores locales sigan siendo el motor de la seguridad alimentaria del país.

Identificación

El Minagricultura es quien determina los lugares en donde se van a identificar las Appa, posteriormente entra la Upra a realizar todo el trabajo técnico. El Ministerio estableció que se van a reconocer estas áreas en los departamentos de La Guajira, Córdoba, Antioquia, Sabana Centro de Cundinamarca, Tolima, Santander, Putumayo, Cauca y Meta.

La ruta que se dispone para determinar estas áreas es: primero se definen las zonas de protección para la producción de alimentos que son diferentes a las Appa. Luego se delimita la frontera agrícola a escala más detallada. Se recopila, también, información de mayor detalle que permita identificar las situaciones particulares de cada territorio; una vez esto, se entra a socializar, retroalimentar y coordinar con actores territoriales durante el proceso.

Posteriormente, se hace el procesamiento de identificación de las Appa, se socializan los resultados de la identificación de estas áreas. Luego, se procede a la declaratoria de estas por parte del Minagricultura.

Ventajas y desventajas...

El propósito inicial de estudiar en toda la geografía nacional zonas para la producción de alimentos es buena, como el punto de partida para lograr en el futuro a través de la sociedad un consenso alrededor de estas, y buscar una mejor planificación de nuestro suelo rural, dice Juan Manuel González Garavito, socio fundador de Pinilla, González & Prieto Abogados, y director del área de Derecho Urbanístico e Inmobiliario.

Señala, además, que pretender establecer estas zonas que permitan un manejo ordenado de la producción agropecuaria del país va en la línea de lograr la soberanía alimentaria, pero este propósito requiere esfuerzos enormes en materia técnica, que permitan conocer científicamente la capacidad agrológica del suelo, la realidad del sector en materia de infraestructura para sacar los productos a los mercados potenciales, las circunstancias económicas para su producción y muchos factores más que hoy no se encuentran documentados, ni mucho menos instrumentalizados.

Las desventajas de la declaratoria de estas zonas en el país es que se resuelvan, sin la profundidad técnica y científica que una decisión de estas merece, precisa González, lo que trae como consecuencia vulneraciones evidentes de la Constitución y la Ley, porque generan decisiones que pueden afectar la competencia constitucional y legal de los municipios y distritos de ordenar su territorio a través de los Planes de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que los desarrollan y reglamentan.