La autorretención en la fuente como impuesto de renta apretaría aún más al campo

El pasado mes de abril, el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto en el que se establece un sistema de autorretención en la fuente a título de impuestos sobre la renta y complementarios, esto sin excluir la posibilidad de que autorretenedores sean sujetos de retención en la fuente.

El proyecto también incluye una modificación en las tarifas de autorretención en la fuente y las bases mínimas para aplicarlas, estas van desde 0,55% como la más baja a 4,5% como la más alta.

De acuerdo con la cartera de Hacienda, existen sectores económicos con 'brechas significativas' entre las autorretenciones y el impuesto a cargo. "Esta diferencia, atribuida principalmente a una tarifa de autorretención que no evoluciona en consonancia con el impuesto a cargo de los contribuyentes, genera un costo de oportunidad para la administración tributaria, que no logra recaudar oportunamente los recursos correspondientes", señaló el Ministerio.

Entre lo expuesto en el proyecto, se contempla que no se hará retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por prestación de servicios cuya cuantía individual sea inferior a dos UVT ($49.799 para 2025).

En el procesamiento industrial y compras de café pergamino, a opción del agente retenedor, no será obligatorio efectuar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que se originen en la adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, cuyo valor no exceda de 70 UVT.

En relación con este tema, hay una preocupación por su impacto en el agro. Jairo Andrés Rendón Gamboa, quien es Ph.D y director del Observatorio Financiero Rural de la Universidad Javeriana, asegura que el Decreto 0572 eleva la autorretención sobre ingresos brutos, obligando a los productores agropecuarios a anticipar el pago de impuestos incluso sin saber si tendrán utilidades. Según su opinión, esto presiona la liquidez del agro, que ya opera con márgenes estrechos y alta incertidumbre.

"El Gobierno Nacional ha oficializado el decreto que incrementa las tarifas de autorretención en la fuente, una decisión que representa mucho más que un simple ajuste técnico en el sistema tributario. En esencia, estamos frente a una política que antepone las urgencias fiscales del Estado por encima de las realidades del aparato productivo, en especial del agro colombiano, uno de los sectores más vulnerables y estratégicos del país", asegura.

Y agrega que: "La autorretención, que funciona como un anticipo del impuesto de renta, se calcula sobre los ingresos brutos, no sobre las utilidades. Esto significa que los productores están obligados a pagar antes de saber si efectivamente generaron ganancias. Con el nuevo decreto, ese anticipo se vuelve aún más oneroso, generando presiones adicionales sobre el flujo de caja de miles de agricultores que ya operan en condiciones difíciles".

Para Rendón Gamboa, "El agro no tiene un flujo constante de ingresos. Las actividades agrícolas son cíclicas, expuestas a riesgos climáticos, variaciones en los precios internacionales, costos de insumos en aumento y restricciones en el acceso al crédito. Muchos productores pueden reportar ingresos elevados en ciertos meses, pero si sus costos se disparan —como ha venido ocurriendo con los fertilizantes o los aranceles—, las utilidades reales pueden ser mínimas o incluso negativas. Aplicar una retención más alta sobre esos ingresos brutos, sin tener en cuenta si hubo o no ganancia, no solo es inequitativo, sino que además desequilibra su capacidad de operar".

Para él, con este decreto, el Gobierno traslada su problema fiscal a los hombros de los productores rurales, utilizando su liquidez como válvula de escape temporal. Es una salida de corto plazo que puede tener efectos adversos duraderos. Continúa asegurando que "en lugar de construir un sistema tributario más progresivo, que tenga en cuenta las capacidades reales de los contribuyentes, se está profundizando una lógica de anticipación que desconoce las particularidades de sectores como el agro".

En su análisis, también considera que "Además, la medida parece sustentarse en escenarios excesivamente optimistas sobre el crecimiento de la producción y los precios internacionales. Pero el contexto actual no ofrece garantías: hay tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y condiciones comerciales adversas como los aranceles impuestos por Estados Unidos. Construir una política tributaria sobre supuestos frágiles puede salir muy costoso, como ya lo ha demostrado la historia reciente".

Finaliza comentando que, "El riesgo de informalización también es real. Los pequeños productores, ante la imposibilidad de cumplir con una carga tributaria que no se ajusta a su realidad, pueden optar por salir del sistema. Esto no solo erosiona la base tributaria futura, sino que también limita su acceso a servicios estatales clave como seguros agropecuarios, subsidios o líneas de crédito preferencial".

"En resumen, el decreto recientemente expedido puede fortalecer el recaudo a corto plazo, pero lo hace a costa de debilitar al sector rural. Es una medida que no resuelve las tensiones estructurales del sistema tributario colombiano, sino que las profundiza. Más que una estrategia de equidad y sostenibilidad, parece una reacción fiscal desesperada. Y cuando las políticas fiscales se diseñan bajo esa lógica, los efectos suelen pagarlos quienes menos capacidad tienen de responder".